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Entrega carta Ministerio del Interior

Representantes de la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social y de las organizaciones que forman parte de la misma entregarán mañana, miércoles 26 de noviembre, a las 11 horas, la siguiente carta en el Ministerio del Interior (Paseo de la Castellana, 5), exigiendo la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana. A continuación, tendrá lugar una rueda de prensa en la que se explicarán los motivos que nos llevan a convocar las concentraciones bajo el lema “A la calle sin miedo”, que tendrán lugar el jueves 27 a las 19 horas.

El texto de la carta es el siguiente:

“Sr. Jorge Fernández Díaz

Ministerio de Interior

Gobierno de España

 Por la presente, una serie de asociaciones, plataformas, partidos, sindicatos y ONGs, agrupados en torno a la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social, se dirigen a usted para solicitarle la paralización y retirada del Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

En un estado democrático de derecho, la seguridad no es un principio o valor superior de carácter sustantivo, sino el resultado material o de hecho de la vigencia efectiva de determinados derechos fundamentales, como por ejemplo, la libertad personal, la integridad física o la libertad de expresión y manifestación. El papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado es el de velar por el cumplimiento efectivo de estos derechos. El concepto de seguridad ciudadana que presenta el artículo 104.1 es meramente instrumental y no un fin en sí mismo.

Sin embargo, este proyecto de ley orgánica, al elevar el valor de la seguridad a la categoría de fin en sí mismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado dejan de tener la función de garantizar los derechos y libertades, para convertirse en una fuerza con un mayor carácter discrecional y una mayor inmunidad al control judicial. Este proyecto de ley orgánica contribuye a profundizar en la inseguridad jurídica y estrangular la presunción de inocencia, tal y como se recaba de numerosos informes nacionales e internacionales.

La convivencia democrática y pacífica no se fundamenta en la ausencia de conflicto o protesta, sino en la evidencia de que se pueda debatir y manifestar el desacuerdo pacífica y públicamente. Las libertades democráticas no pueden estar subordinadas a fines meramente instrumentales, que criminalizan el ejercicio de derechos fundamentales para la sociedad democrática y el estado de derecho.

Somos muchos los que nos oponemos al proyecto de ley presentado al parlamento por el Ministerio que usted dirige. La mayoría parlamentaria que se ha opuesto a este proyecto de ley está exhibiendo la soledad del partido que apoya al gobierno, quien ha tenido que defender la validez de este proyecto. Tanto los sindicatos como la mayor parte de asociaciones vinculadas a la magistratura coinciden en señalar la inconsistencia e ineficacia de las reformas legislativas en materia de seguridad ciudadana. También una gran parte de las ONGs han hecho públicas sus discrepancias con este proyecto. La democracia debe ser el respeto a la pluralidad y no la imposición de mayorías coyunturales. La democracia debe garantizar que todas las opiniones puedan ser oídas y que la sociedad pueda debatir, criticar y manifestar su apoyo u oposición con libertad y respeto a los derechos fundamentales de cada individuo y no la criminalización de aquellos que discrepan con el poder de turno.

Por todo ello, pedimos y exigimos la paralización y retirada del Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que ha elaborado su ministerio, para poder garantizar las libertades democráticas y la convivencia libre y pacífica.”

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Concentraciones “A la calle sin miedo”

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La deriva liberticida y antidemocrática del gobierno del Partido Popular se ha evidenciado una vez más en el proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la cual trata de ser aprobada en el Congreso con la oposición de la práctica totalidad de partidos, sindicatos, asociaciones, plataformas, ONGs y movimientos de este país. Esta y otras reformas legislativas, como la del Código Penal o la Ley de Tasas Judiciales, buscan profundizar en la reducción de derechos fundamentales al mismo tiempo que se consolidan los recortes a la clase trabajadora. Esta ley busca penalizar y criminalizar todo movimiento de crítica y manifestación a medida para los intereses del Partido Popular.

Por todo ello, la mayoría social a favor de las libertades democráticas y en contra de la criminalización de la protesta están llamados a concentrarse el próximo jueves 27 a las 19 horas frente a las delegaciones de gobierno de todo el estado. Esta convocatoria cuenta con el apoyo de un amplio espectro de fuerzas que, desde ámbitos muy diversos, vienen confluyendo en cuestiones fundamentales para toda sociedad democráticas como son los derechos de expresión, manifestación y huelga.

Las direcciones de las concentraciones son:

Andalucía: Plaza de España, S/N (Torre Sur)

41071 – Sevilla  

tlf :95 556 90 00 fax: 95 456 91 84

 

Aragón: Plaza Nuestra Señora del Pilar, S/N

IMPORTANTE: En Zaragoza es a las 18:00 h

50003 – Zaragoza 

tlf: 976 999 000 fax: 976 999 026

 

Cantabria: Calle Calvo Sotelo, 25

39071 – Santander (Cantabria )

tlf: 942 999 000 fax: 942 999 094

 

Castilla y León: Calle Francesco Scrimieri, 1

47014 – Valladolid 

tlf: 983 999 000 fax: 983 999 131 // 983 999 132

 

Castilla La Mancha: Plaza De Zocodover, 6

45071 – Toledo 

tlf: 925 989 000 fax: 925 989 199

 

Cataluña: Calle Mallorca, 278

08037 – Barcelona 

tlf: 93 520 90 00 fax: 93 520 94 13

 

Extremadura: Avenida de Huelva, 4

06005 – Badajoz 

tlf: 924 979 110 fax: 924 979 145

 

Galicia: Plaza De Orense, 11

15071 – Coruña, A 

tlf: 981 989 000 fax: 981 989 249

 

Illes Balears: Calle Constitución, 4

07001 – Palma de Mallorca (Illes Balears) 

tlf: 971 989 000fax: 971 989 161

 

Canarias: Plaza de la Feria, 24

35071 – Palmas de Gran Canaria, Las (Palmas, Las) 

tlf: 928 999 000 fax: 928 363 994

 

Madrid: Calle Miguel Angel, 25

28071 – Madrid 

tlf: 91 272 90 00 / fax: 91 272 91 90

 

Murcia: Avenida Teniente Flomesta, S/N

30001 – Murcia 

tlf: 968 989 000 fax: 968 210 872

 

Navarra: Plaza De Merindades, S/N

31071 – Pamplona/Iruña (Navarra) 

tlf: 948 979 000 fax: 948 979 140

 

País Vasco: Plaza Federico Moyúa, 5

IMPORTANTE: En Bilbao es a las 17:00 h

48071 – Bilbao (Bizkaia)

tlf: 945 759 000 fax: 945 759 170

 

Principado de Asturias: Plaza de España, 6

33071 – Oviedo (Asturias) 

tlf: 984 769 000 fax: 984 769 232 // 984 769 233 // 984 769 231

 

La Rioja: Calle Muro Francisco de la Mata, 3

26071 – Logroño (Rioja, La) 

tlf: 941 759 000 fax: 941 245 845

 

Valencia: Calle Colón, 60

46004 – Valencia (València/Valencia) 

tlf: 96 307 90 00 fax: 96 307 93 40

 

Ceuta: Calle Beatriz de Silva, 4

51001 – Ceuta 

tlf: 956 984 400 fax: 956 513 671

 

Melilla: Avenida De la Marina Española, 3

52001 – Melilla 

tlf: 95 299 10 00 fax: 95 299 11 16

 

Reseña del acto “Mesa redonda por las libertades y contra la criminalización de la protesta social”

El pasado jueves 26 de junio tuvo lugar en Madrid la mesa redonda Por las libertades y contra la criminalización de la protesta social, organizada por la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social, y que contó con la participación de Gaspar Llamazares en representación de Izquierda Unida, Luis Vega de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores(AMAL), Belén Municio, de Amnistía Internacional y Carlos García Berro, de Unión Progresista de Fiscales.

Gaspar Llamazares, parlamentario de Izquierda Unida, hizo un breve resumen del estado de tramitación en el que se encuentran dos de las reformas que el gobierno del Partido Popular está impulsando para limitar y reducir a la mínima expresión la libertad de protesta, como son la reforma del Código Penal y la de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza:

Intervención Gaspar Llamazares

Belén Municio, de Amnistía Internacional, comentó los puntos más destacados del informe que presentaron recientemente, cuyo título deja poco lugar a la duda: “España: el derecho a protestar, amenazado”. En dicho informe se denuncian comportamientos sobre los que esta Coordinadora lleva tiempo llamando la atención, como las restricciones al derecho de reunión, las sanciones a organizadores o el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía:

Intervención Belén Municio

Carlos García Berro, de la Unión Progresista de Fiscales, concretó las implicaciones de diversos puntos de la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, señalando de qué manera pretenden obstaculizar y penalizar el derecho a la protesta en las calles, todo ello con un tono muy explicativo y fácil de seguir para todos aquellos que estamos menos familiarizados con este tipo de lenguaje:

Intervención Carlos García Berro

Luis Vega, de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, quiso hacer referencia al actual Código Penal y cómo ya desde este marco se limita la protesta social, a través de ejemplos vividos por su organización. En ese sentido, sí sería necesaria una reforma del Código Penal, pero en la dirección opuesta a la planteada por este gobierno, cuyo objetivo es darle dos o tres vueltas de tuerca más:

Intervención Luis Vega

Gracias al formato planteado de Mesa Redonda, entre las distintas intervenciones el público asistente pudo formular preguntas a los integrantes de la mesa, lo que hizo que el acto fuera más dinámico e interesante. Si quieres verlo completo, puedes pinchar en el siguiente enlace:

Vídeo completo

 

Nota de Prensa Mesa Redonda Jueves 26 Junio.

NOTA DE PRENSA

COORDINADORA PAREMOS LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

https://soslibertades.wordpress.com/ – @SOSLibertades

La Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social comunica la celebración de un acto público en formato Mesa Redonda, el próximo jueves 26 de junio a las 19:00 horas:

Por las libertades y contra la criminalización de la protesta social

Jueves 26 de junio, 19 horas

El Foro, C/ Ribera de Curtidores 37, Madrid

Intervendrán:

  •     – Gaspar Llamazares, Izquierda Unida (IU)
  •     – Luis Vega, Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL)
  •     – Belén Municio, Amnistía Internacional
  •     – Carlos García Berro, Unión Progresista de Fiscales (UPF)

 

La Coordinadora, integrada por organizaciones sociales, políticas y sindicales, quiere expresar su preocupación y rechazo a la batería de leyes que el Gobierno del PP viene sacando en los últimos meses (y está preparando para los próximos) que atacan directamente a las libertades y al derecho fundamental a la expresión y la protesta. Son numerosos ejemplos: la reforma del Código Penal; la Ley de Seguridad Ciudadana, ya conocida como Ley Mordaza; la Ley de Seguridad Privada; la reforma del Derecho al aborto; la Ley Orgánica del Poder Judicial; la posible reforma de la Ley de Huelga…

A pesar de todos estos ejemplos, la diversidad de frentes abiertos por el propio Gobierno y el silencio cómplice de los medios de comunicación mayoritarios, hacen que estos temas, que atentan contra el derecho fundamental a expresarse en contra de sus ideas, pasen “de puntillas” sin la repercusión y el debate social que merece su gravedad. No tenemos que irnos muy lejos, ya vimos la semana pasada qué entiende este Gobierno por el derecho a protestar y manifestarse el día de la coronación del nuevo rey.

Sin embargo, en el contexto internacional estos recortes de libertades no están pasando desapercibidos. El Consejo de Europa ya expresó meses atrás su preocupación ante estas nuevas leyes, y más recientemente tanto Amnistía Internacional como la propia ONU se han manifestado en contra de los crecientes recortes que el derecho a la protesta viene sufriendo en España.

Por este motivo, la Coordinadora convoca esta Mesa Redonda, donde se debatirá sobre dichos temas, en un intento de unir fuerzas para detener estas agresiones a las libertades más fundamentales, con un enfoque didáctico y participativo, abierto a las colaboraciones e intervenciones de los asistentes. Porque no debemos olvidar que:

 

Sin derechos ni libertades no hay democracia.

 

Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social

Imagen

 

Acto del 28M en los medios.

Algunos medios digitales se hicieron eco del acto organizado el 28M por la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta social.
Hemos recopilado los siguientes enlaces:



medios

El Poder Judicial desmonta la ley de seguridad ciudadana por inconstitucional

ImagenEl texto rechaza la intervención de vigilantes privados en tareas de seguridad.  Ve de dudosa constitucional muchos de los artículos más controvertidos del anteproyecto

El Consejo de Europa ve la ‘Ley Fernández’ “desproporcionada”

La ‘ley Fernández’ chirría en la UE

Interior cambia la ley en favor del negocio de la seguridad privada

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ. El País

El Consejo del Poder Judicial considera de dudosa constitucional muchos de los artículos más controvertidos del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana y propone su supresión o una nueva redacción. El informe elaborado por dos vocales (el conservador Wenceslao Olea y la progresista Victoria Cinto), y que dentro de un mes votará el pleno del Consejo, plantea que el texto elaborado por el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial y rechaza que la mera sospecha sobre la posibilidad de que se produzcan perturbaciones justifique la denuncia de una autoridad o empleado público.

Los redactores del informe sostienen que la regulación de la identificación de personas, es de “dudosa constitucionalidad” así como la posibilidad de practicar detenciones por “faltas penales o infracciones administrativas”. Los vocales cuestionan que se pueda realizar un cacheo “para sancionar una infracción”, además de considerar “incompleta e imprecisa” esta práctica, al no excluir “los desnudos, siquiera parciales”. También rechaza que empresas y empleados de seguridad privada colaboren en disolver reuniones y manifestaciones. Y para los menores de edad se recomiendan sanciones reeducadoras, no económicas. Y ve excesivo penalizar los llamados escraches.

Derecho penal de peligrosidad.Consideran los redactores del informe que el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana sigue la línea de la también anunciada reforma del Código Penal en el sentido de situarla en el marco del llamado derecho penal de peligrosidad, pues convierte la seguridad en una prioridad de la política criminal y al Estado en el espadachín que ha de defenderla con todos los medios a su alcance. Así, la reforma intensifica la acción preventiva, no solo del delito, sino también de las infracciones administrativas y, por tanto, incrementa notablemente las infracciones contra la seguridad ciudadana.

Cacheos e identificaciones. El anteproyecto regula las diligencias de cacheo e identificación realizadas con ocasión de controles preventivos de ciudadanos. Entienden los redactores del informe del Poder Judicial que es cuestionable que se establezca un cacheo para “sancionar una infracción” y critican la imprecisa redacción normativa, puesto que no se sabe qué se quiere decir en ella y si ha de entenderse que ya existe un proceso penal o un procedimiento sancionador. Además, la diligencia de cacheo que recoge la norma es incompleta e imprecisa. No define el cacheo. No lo limita al registro externo y superficial, y no excluye, en consecuencia, la práctica de desnudos, siquiera parciales. El informe echa en falta una referencia más precisa a cómo ha de llevarse a cabo el cacheo, por lo que considera que la nueva norma debería indicar expresamente el respeto a la dignidad e intimidad de la persona sometida al mismo y su carácter reservado, limitando los cacheos en la vía pública a supuestos de necesidad. Del mismo modo, señala el informe, debería recogerse la indicación del cacheo por una persona del mismo sexo que la cacheada, y con el máximo respeto a su identidad sexual.

Disoluciones de reuniones. El anteproyecto, en su artículo 22.3, incluye como causa de disolución de reuniones que “exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta”. Señala el informe que esto supone una expansión de los supuestos de disolución de las reuniones y manifestaciones que resulta inadmisible.

Intervención de la seguridad privada. El informe rechaza también la obligación de empresas y empleados de seguridad privada las colaborar eficazmente con la policía. Y recomienda la supresión de esta norma, básicamente porque afecta al ejercicio de un derecho fundamental, cuya defensa se atribuye en exclusiva a las citadas fuerzas estatates.

Responsabilidad de los organizadores de manifestaciones. El artículo 29.3 de la nueva norma establece la responsabilidad conjunta de los organizadores y promotores de las reuniones y manifestaciones. Esto contraviene, según el informe, el principio jurídico de personalidad de la sanción, por lo que debería suprimirse esta norma.

Faltas y delitos. Algunas de las nuevas infracciones incorporan conductas que actualmente son faltas penales. El informe indica que, ante la supresión de esta clase de infracciones penales en la ley orgánica que proyecta el Gobierno para el Código Penal, hay que tener en cuenta las siguientes consecuencias: a) la sanción no se impone por un órgano judicial, sino por la Administración, a quien corresponderá la valoración del comportamiento, sin perjuicio de la posibilidad de revisión ante órganos jurisdiccionales; b) para la revisión judicial de la sanción administrativa, será necesario el pago de tasas judiciales, que no existen en el actual procedimiento penal. También hay que analizar que, en el procedimiento sancionatorio administrativo, las declaraciones de los agentes que formulen denuncia gozan de valor probatorio de los hechos denunciados, mientras que en el procedimiento penal tienen el valor de simples declaraciones. Además, siempre según el informe, la multa penal se impone ahora por un juez y teniendo en cuenta la capacidad económica del denunciado, mientras que para la determinación de la multa administrativa no se atiende a esta circunstancia. Y no solo eso: según el anteproyecto, la sanción firme administrativa será inscrita en un Registro Central de Infracciones, mientras que ahora la condena por falta no es susceptible de inscripción en registro alguno.

Ultraje a la bandera. Otras de las nuevas infracciones que plasma el anteproyecto se refiere a conductas que ya están tipificadas y sancionadas como delito. Por ejemplo, las ofensas o ultrajes a España, las Comunidades autónoma, o a sus símbolos o emblemas o las manifestaciones públicas, escritas o verbales. En este caso, según el informe, no se establece en ningún caso la diferencia entre el delito y la infracción administrativa, lo que plantea problemas relacionados con el principio de “non bis in ídem” (nadie será sancionado dos veces por el mismo hecho).

El informe también critica que la nueva norma tipifique conductas que difícilmente puede decirse que comprometen la seguridad pública y, por tanto, no está justificada su previsión como infracción. En algunas infracciones se aprecia una falta de proporcionalidad, llegándose a sancionar conductas insignificantes. El informe destaca, además, que la supresión de los criterios de graduación de las sanciones que se hace en el anteproyecto resulta desafortunada y puede dar lugar a sanciones injustas.

Los artículos cuestionados

Artículo 16. Los policías podrán requerir la identificación de las personas y realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento.(…) Podrán inmovilizar a quienes se negaren o no pudieran ser identificados (…) y requerirles para que les acompañen a comisaría.

Artículo 17. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en una acción ilegal (…) se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos (…) para identificar a las personas que transiten o se encuentren en ellos, el registro de los vehículos y el control superficial de los efectos personales.

Artículo 19. Las diligencias de cacheo e identificación en controles preventivos (…) tendrán la consideración de medidas preventivas policiales de carácter administrativo no sujetas a las mismas formalidades que la detención.

Artículo 42. Con el fin de apreciar la reincidencia y valorarla a efectos de la concesión de autorizaciones administrativas (…) se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.

Artículo 47. Los policías podrán efectuar denuncias por la comisión de infracciones (…) teniendo sus manifestaciones valor probatorio de los hechos denunciados.

Artículo 54. Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas.

Disposición final. Cuando los infractores sean extranjeros (…), podrá aplicarse, además de la multa, la expulsión del territorio español.

 

Intervención del representante de la Coordinadora tras la manifestación contra la Ley Mordaza

ImagenLas victorias frente a la privatización sanitaria o en las huelgas de la limpieza demuestran que la lucha es útil, que la lucha paga.

Hasta ahora, la represión contra la protesta social se basaba en la fuerza policial, en detenciones arbitrarias, denuncias y condenas que parte de los jueces echaban abajo, defendiendo el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. El gobierno ha abierto un nuevo ciclo político: criminalizar la protesta social con leyes que acaben con los derechos de manifestación, reunión, expresión y opinión.

A la reforma del Código Penal, de la que nos estamos olvidando demasiado pronto, que condena con hasta 6 años de prisión los derechos democráticos, se añade la Ley de Seguridad Ciudadana para disuadir y arruinar a quienes se niegan a callar y a dejar de salir a la calle para gritar su NO a este estado de cosas.

La Ley de Seguridad Privada que entrega parte de la seguridad pública a vigilantes de seguridad, es otro atentado fascio-liberal y promueve el negocio del que participan cargos del Partido Popular. Los vigilantes privados identificarán, registrarán y detendrán también en las calles.

El Gobierno sabe que la lucha no aflojará. Las razones para ella crecen cada día. La luz al final del túnel no la ven 6 millones de parados para los que no hay futuro. Crisis sobre crisis, recorte social sobre recorte social, menos Estado pero más represor, menos derechos sociales, más Estado policial. A esa locura nos lleva el Estado del capital. El auge de los fascismos en Europa anuncia la siguiente fase si no les paramos los píes, derrotándoles plenamente.

Cuatro años después de la Huelga General de 2010 piden 8 años de cárcel para cada uno de los 8 sindicalistas de Airbus acusados por ser piquetes en ella. Cuando Ana Botella mordió el polvo ante los trabajadores de la limpieza, su respuesta fue pedir la reforma de la Ley de Huelga. La derecha económica y política vuelve a la carga. El caso Airbus es una agresión salvaje contra el derecho de la clase trabajadora a la huelga.

Antes de que el PP culmine su involución, cuyo último paso es su ley antiaborto, parémosles e impidamos que sus nuevas leyes acaben con las garantías ciudadanas.

Derrotarle defendiendo las libertades exige derrotarle en su expolio de los derechos sociales porque seguirán intentando aplastar las resistencias colectivas. Hay que echarles del gobierno y derrotar a su amo, el capital.