Difunde: #28M Acto público contra la criminalización de la protesta social.

Convocatoria: Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social

Viernes 28 de Marzo. 19,30 horas (7 y media de la tarde). Auditorio Marcelino Camacho (CC.OO.). C/Lope de Vega, 38. Madrid

Presenta el acto: el bloguero Shangay Lily

Intervendrán (intervenciones de 3 minutos cada un@) las siguientes personas y entidades/organizaciones:

  • Manuela Carmena (Magistrada jubilada)
  • Boti García (LGTB) 
  • Luis García Montero (poeta)
  • Alberto Torres (activista social. Coordinadora 25-S)
  • Heidi Sánchez (coautora del vídeo-convocatoria del acto con Raúl Capín y periodista ciudadana)
  • Marciano Sánchez Bayle (Federación de Asoc. en Defensa de la Sanidad Pública)
  • Ángel García (Salvemos Telemadrid)
  • José Manuel Izquierdo (Bomberos de Madrid)
  • Iñaki Guevara (Unión de Actores)
  • Jaime Ruíz (memoria Histórica. AMESDE)
  • Begoña San José (Mujeres por la Igualdad)
  • Gabriel Tuesta (Inmigrantes. COIN)
  • Teresa Esteban (defensa de la enseñanza pública. STEM)
  • Juan Carlos Asenjo Asenjo (Comité de Empresa de Coca-Cola)
  • Patricia Higueras (CEM)

 

cartel_hiresCartel con los intervinienes en el acto.

 

Vídeo-convocatoria acto público #28M “Una respuesta colectiva a la represión”

Luis García MonteroConvocatoria: Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social

Este vídeo convoca al acto público el viernes 28 de Marzo “Una respuesta colectiva a la represión“, contra la criminalización de la protesta social.

Intervendrá una variada representación de activistas de la protesta social.

Viernes 28 de Marzo. 19,30 horas (7 y media de la tarde). Auditorio Marcelino Camacho (CC.OO.). C/Lope de Vega, 38. Madrid

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cartel acto público 28 de MarzoCreado evento en facebook: https://www.facebook.com/events/647599761943500/

Puedes encontrarnos también twitter: https://twitter.com/SOSLibertades

Presenta el acto: el bloguero Shangay Lily

Intervendrán (intervenciones de 3 minutos cada un@) las siguientes personas y entidades/organizaciones:

  • Manuela Carmena (Magistrada jubilada)
  • Boti García (LGTB) 
  • Luis García Montero (poeta)
  • Alberto Torres (activista social. Coordinadora 25-S)
  • Heidi Sánchez (coautora del vídeo-convocatoria del acto con Raúl Capín y periodista ciudadana)
  • Marciano Sánchez Bayle (Federación de Asoc. en Defensa de la Sanidad Pública)
  • Ángel García (Salvemos Telemadrid)
  • José Manuel Izquierdo (Bomberos de Madrid)
  • Iñaki Guevara (Unión de Actores)
  • Jaime Ruíz (memoria Histórica. AMESDE)
  • Begoña San José (Mujeres por la Igualdad)
  • Gabriel Tuesta (Inmigrantes. COIN)
  • Teresa Esteban (defensa de la enseñanza pública. STEM)
  • Juan Carlos Asenjo Asenjo (Comité de Empresa de Coca-Cola)
  • Patricia Higueras (CEM)

Cartel con los intervinienes en el acto.

El Poder Judicial desmonta la ley de seguridad ciudadana por inconstitucional

ImagenEl texto rechaza la intervención de vigilantes privados en tareas de seguridad.  Ve de dudosa constitucional muchos de los artículos más controvertidos del anteproyecto

El Consejo de Europa ve la ‘Ley Fernández’ “desproporcionada”

La ‘ley Fernández’ chirría en la UE

Interior cambia la ley en favor del negocio de la seguridad privada

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ. El País

El Consejo del Poder Judicial considera de dudosa constitucional muchos de los artículos más controvertidos del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana y propone su supresión o una nueva redacción. El informe elaborado por dos vocales (el conservador Wenceslao Olea y la progresista Victoria Cinto), y que dentro de un mes votará el pleno del Consejo, plantea que el texto elaborado por el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial y rechaza que la mera sospecha sobre la posibilidad de que se produzcan perturbaciones justifique la denuncia de una autoridad o empleado público.

Los redactores del informe sostienen que la regulación de la identificación de personas, es de “dudosa constitucionalidad” así como la posibilidad de practicar detenciones por “faltas penales o infracciones administrativas”. Los vocales cuestionan que se pueda realizar un cacheo “para sancionar una infracción”, además de considerar “incompleta e imprecisa” esta práctica, al no excluir “los desnudos, siquiera parciales”. También rechaza que empresas y empleados de seguridad privada colaboren en disolver reuniones y manifestaciones. Y para los menores de edad se recomiendan sanciones reeducadoras, no económicas. Y ve excesivo penalizar los llamados escraches.

Derecho penal de peligrosidad.Consideran los redactores del informe que el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana sigue la línea de la también anunciada reforma del Código Penal en el sentido de situarla en el marco del llamado derecho penal de peligrosidad, pues convierte la seguridad en una prioridad de la política criminal y al Estado en el espadachín que ha de defenderla con todos los medios a su alcance. Así, la reforma intensifica la acción preventiva, no solo del delito, sino también de las infracciones administrativas y, por tanto, incrementa notablemente las infracciones contra la seguridad ciudadana.

Cacheos e identificaciones. El anteproyecto regula las diligencias de cacheo e identificación realizadas con ocasión de controles preventivos de ciudadanos. Entienden los redactores del informe del Poder Judicial que es cuestionable que se establezca un cacheo para “sancionar una infracción” y critican la imprecisa redacción normativa, puesto que no se sabe qué se quiere decir en ella y si ha de entenderse que ya existe un proceso penal o un procedimiento sancionador. Además, la diligencia de cacheo que recoge la norma es incompleta e imprecisa. No define el cacheo. No lo limita al registro externo y superficial, y no excluye, en consecuencia, la práctica de desnudos, siquiera parciales. El informe echa en falta una referencia más precisa a cómo ha de llevarse a cabo el cacheo, por lo que considera que la nueva norma debería indicar expresamente el respeto a la dignidad e intimidad de la persona sometida al mismo y su carácter reservado, limitando los cacheos en la vía pública a supuestos de necesidad. Del mismo modo, señala el informe, debería recogerse la indicación del cacheo por una persona del mismo sexo que la cacheada, y con el máximo respeto a su identidad sexual.

Disoluciones de reuniones. El anteproyecto, en su artículo 22.3, incluye como causa de disolución de reuniones que “exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta”. Señala el informe que esto supone una expansión de los supuestos de disolución de las reuniones y manifestaciones que resulta inadmisible.

Intervención de la seguridad privada. El informe rechaza también la obligación de empresas y empleados de seguridad privada las colaborar eficazmente con la policía. Y recomienda la supresión de esta norma, básicamente porque afecta al ejercicio de un derecho fundamental, cuya defensa se atribuye en exclusiva a las citadas fuerzas estatates.

Responsabilidad de los organizadores de manifestaciones. El artículo 29.3 de la nueva norma establece la responsabilidad conjunta de los organizadores y promotores de las reuniones y manifestaciones. Esto contraviene, según el informe, el principio jurídico de personalidad de la sanción, por lo que debería suprimirse esta norma.

Faltas y delitos. Algunas de las nuevas infracciones incorporan conductas que actualmente son faltas penales. El informe indica que, ante la supresión de esta clase de infracciones penales en la ley orgánica que proyecta el Gobierno para el Código Penal, hay que tener en cuenta las siguientes consecuencias: a) la sanción no se impone por un órgano judicial, sino por la Administración, a quien corresponderá la valoración del comportamiento, sin perjuicio de la posibilidad de revisión ante órganos jurisdiccionales; b) para la revisión judicial de la sanción administrativa, será necesario el pago de tasas judiciales, que no existen en el actual procedimiento penal. También hay que analizar que, en el procedimiento sancionatorio administrativo, las declaraciones de los agentes que formulen denuncia gozan de valor probatorio de los hechos denunciados, mientras que en el procedimiento penal tienen el valor de simples declaraciones. Además, siempre según el informe, la multa penal se impone ahora por un juez y teniendo en cuenta la capacidad económica del denunciado, mientras que para la determinación de la multa administrativa no se atiende a esta circunstancia. Y no solo eso: según el anteproyecto, la sanción firme administrativa será inscrita en un Registro Central de Infracciones, mientras que ahora la condena por falta no es susceptible de inscripción en registro alguno.

Ultraje a la bandera. Otras de las nuevas infracciones que plasma el anteproyecto se refiere a conductas que ya están tipificadas y sancionadas como delito. Por ejemplo, las ofensas o ultrajes a España, las Comunidades autónoma, o a sus símbolos o emblemas o las manifestaciones públicas, escritas o verbales. En este caso, según el informe, no se establece en ningún caso la diferencia entre el delito y la infracción administrativa, lo que plantea problemas relacionados con el principio de “non bis in ídem” (nadie será sancionado dos veces por el mismo hecho).

El informe también critica que la nueva norma tipifique conductas que difícilmente puede decirse que comprometen la seguridad pública y, por tanto, no está justificada su previsión como infracción. En algunas infracciones se aprecia una falta de proporcionalidad, llegándose a sancionar conductas insignificantes. El informe destaca, además, que la supresión de los criterios de graduación de las sanciones que se hace en el anteproyecto resulta desafortunada y puede dar lugar a sanciones injustas.

Los artículos cuestionados

Artículo 16. Los policías podrán requerir la identificación de las personas y realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento.(…) Podrán inmovilizar a quienes se negaren o no pudieran ser identificados (…) y requerirles para que les acompañen a comisaría.

Artículo 17. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en una acción ilegal (…) se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos (…) para identificar a las personas que transiten o se encuentren en ellos, el registro de los vehículos y el control superficial de los efectos personales.

Artículo 19. Las diligencias de cacheo e identificación en controles preventivos (…) tendrán la consideración de medidas preventivas policiales de carácter administrativo no sujetas a las mismas formalidades que la detención.

Artículo 42. Con el fin de apreciar la reincidencia y valorarla a efectos de la concesión de autorizaciones administrativas (…) se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.

Artículo 47. Los policías podrán efectuar denuncias por la comisión de infracciones (…) teniendo sus manifestaciones valor probatorio de los hechos denunciados.

Artículo 54. Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas.

Disposición final. Cuando los infractores sean extranjeros (…), podrá aplicarse, además de la multa, la expulsión del territorio español.

 

Intervención del representante de la Coordinadora tras la manifestación contra la Ley Mordaza

ImagenLas victorias frente a la privatización sanitaria o en las huelgas de la limpieza demuestran que la lucha es útil, que la lucha paga.

Hasta ahora, la represión contra la protesta social se basaba en la fuerza policial, en detenciones arbitrarias, denuncias y condenas que parte de los jueces echaban abajo, defendiendo el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. El gobierno ha abierto un nuevo ciclo político: criminalizar la protesta social con leyes que acaben con los derechos de manifestación, reunión, expresión y opinión.

A la reforma del Código Penal, de la que nos estamos olvidando demasiado pronto, que condena con hasta 6 años de prisión los derechos democráticos, se añade la Ley de Seguridad Ciudadana para disuadir y arruinar a quienes se niegan a callar y a dejar de salir a la calle para gritar su NO a este estado de cosas.

La Ley de Seguridad Privada que entrega parte de la seguridad pública a vigilantes de seguridad, es otro atentado fascio-liberal y promueve el negocio del que participan cargos del Partido Popular. Los vigilantes privados identificarán, registrarán y detendrán también en las calles.

El Gobierno sabe que la lucha no aflojará. Las razones para ella crecen cada día. La luz al final del túnel no la ven 6 millones de parados para los que no hay futuro. Crisis sobre crisis, recorte social sobre recorte social, menos Estado pero más represor, menos derechos sociales, más Estado policial. A esa locura nos lleva el Estado del capital. El auge de los fascismos en Europa anuncia la siguiente fase si no les paramos los píes, derrotándoles plenamente.

Cuatro años después de la Huelga General de 2010 piden 8 años de cárcel para cada uno de los 8 sindicalistas de Airbus acusados por ser piquetes en ella. Cuando Ana Botella mordió el polvo ante los trabajadores de la limpieza, su respuesta fue pedir la reforma de la Ley de Huelga. La derecha económica y política vuelve a la carga. El caso Airbus es una agresión salvaje contra el derecho de la clase trabajadora a la huelga.

Antes de que el PP culmine su involución, cuyo último paso es su ley antiaborto, parémosles e impidamos que sus nuevas leyes acaben con las garantías ciudadanas.

Derrotarle defendiendo las libertades exige derrotarle en su expolio de los derechos sociales porque seguirán intentando aplastar las resistencias colectivas. Hay que echarles del gobierno y derrotar a su amo, el capital.

CON LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES DE ESMASA Y COCA-COLA

ImagenLa Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social expresa su adhesión y solidaridad con la lucha que las y los trabajadores de ESMASA (limpieza) han mantenido hasta su victoria sobre el Ayuntamiento de Alcorcón regido, una vez más, por el PP, y con la que aún mantienen los de Coca-Cola.

Estos conflictos se unen a la ya extensa lista de movilizaciones de los últimos años en los cuales, con dolorosa frecuencia, empresas viables y muy rentables tratan de beneficiarse aún más a costa del medio de vida de la gran mayoría de trabajadores de este país, amparándose en la desprotección e injusticia que ha acarreado una reforma laboral que privilegia a la parte más fuerte en detrimento de la más débil. Aquellos que durante años han sido los creadores de la riqueza con su esfuerzo, salud, tiempo y dedicación se ven ahora traicionados por unas patronales que sólo ven en ellos un medio rápido de enriquecimiento y en su despido un medio de incrementar sus beneficios con el recorte de costes laborales. Pero las y los trabajadores se han movilizado para impedir esta injusticia y luchar por sus derechos.

La empresa Coca-Cola, que acapara gran parte del mercado de bebidas refrescantes y su distribución en nuestro país que arroja cada año millones de euros de beneficios netos, ha decidido exprimir aún más a aquellos que durante muchos años han sido laboriosos trabajadores y los verdaderos artífices de estos beneficios milmillonarios para los dueños de esta compañía. Como recompensa y, aun conservando su posición preeminente y sin competencia en el mercado español, manteniendo su margen de beneficios, ha decidido exprimir aún más a sus trabajadores en un especial momento de debilidad y desprotección, motivado por la crisis y las políticas de desmantelamiento del estado de bienestar. Son estas razones más que suficientes para hacer valer los derechos que establece nuestra constitución para protestar y hacer justicia, como el derecho a huelga y a la libertad de expresión. La huelga indefinida de estos trabajadores está teniendo un abrumador seguimiento y un amplio apoyo de la sociedad, que entiende las razones que la justifican.

El intento de privatización del servicio de recogida de basuras del ayuntamiento de Alcorcón que lidera el popular David Álvarez, significa también una manifestación de desprecio por las y los trabajadores de ESMASA, que han protagonizado una huelga de dos semanas que ha hecho visible el conflicto para la totalidad de habitantes del municipio madrileño. Esta alcaldía carente de ideas y sensibilidad, que sólo ve futuro en proyectos como el de EuroVegas, en connivencia con empresarios mafiosos perseguidos en varias partes del mundo por proxenetismo y diversos actos ilícitos, ha vuelto a demostrar su talante despreciativo, chulesco y clasista contra los trabajadores que limpian Alcorcón y contribuyen a que esta ciudad esté libre de basuras y desperdicios todos los días del año.

Hacer negocio para unos pocos a partir de las necesidades de la mayoría parece ser el lema y objetivo del Partido Popular, razón por la que las y los habitantes de Alcorcón han expresado su solidaridad y entendimiento por la lucha de estos trabajadores, sin querer renunciar a un servicio eficaz y beneficioso para el conjunto del municipio. Es también el motivo por el que se han secundando ampliamente las movilizaciones dentro y fuera de Alcorcón. Movilizaciones que han tratado de ser duramente reprimidas por una policía que, en vez de ser el organismo que ayuda a hacer respetar los derechos del pueblo, es utilizado como brazo ejecutor de un poder que mira por los intereses de unos pocos, construidos sobre los hombros de la mayoría, a golpe de dolor y miedo. Pero a pesar de las amenazas, las y los trabajadores de ESMASA han logrado mantener el puesto de trabajo y ciertas ventajas que han sido aceptadas en asamblea, demostrando que la lucha, la organización y la unidad funcionan.

La manipulación de varios medios de comunicación de la derecha política no ha conseguido invisibilizar ni manipular estas luchas legítimas. Aunque los intentos de criminalización de la movilización se han dado con profusión como en otras luchas, cada vez más personas muestran su solidaridad y entendimiento sobre situaciones que la ética y la dignidad no pueden tolerar. Por ello, es fácil comprobar cómo ha ido incrementándose el apoyo social a la movilización y la lucha de estas y estos trabajadores y de quienes les han precedido.

La sociedad, con un creciente número de personas instaladas en la pobreza y en riesgo de exclusión, cada vez entiende menos que en una época de crisis se tenga tan poca consideración con los más vulnerables y se les prive de su medio de vida para fortalecer el interés privado de una minoría que no vive en sus carnes los efectos de la crisis, sino todo lo contrario, y que busca aumentar sus ya de por sí desproporcionadas riquezas. Y es que la gran mayoría de la sociedad está también compuesta por trabajadores y trabajadoras ocupados o en paro que saben bien lo que es ver en peligro sus puestos de trabajo. Nuestra clase es capaz de ejercer la solidaridad cuando comprende quién es su enemigo y de qué lado está.

El gobierno del Partido Popular permite y fomenta que las grandes fortunas crezcan y crezcan, mientras diversas organizaciones alertan de que casi 2 900 000 menores están en riesgo de pobreza y más de 1 800 000 familias cuentan con todos sus miembros en el paro. El recorte de servicios sociales no hace sino agravar la vulnerabilidad y deterioro de la sociedad.

Los empleados y las empleadas de la limpieza de ESMASA han vuelto a darnos una lección y a señalarnos cuál es el camino de las luchas con su victoria sobre el ayuntamiento de Alcorcón, que se ha saldado con un acuerdo al que éste ha cedido forzado por la fuerza, la conciencia, la resolución y la organización de estos trabajadores. Han logrado salvar sus empleos y el compromiso municipal de un incremento de la carga de trabajo que   garantizará aquellos, incluidos los que afectan a la recogida del vidrio, único servicio que se ha privatizado, salvándose la titularidad pública de ESMASA. Otra victoria añadida ha sido la deque una  decena de trabajadores con contratos a tiempo parcial pasarán a jornada completa este año, una vez se hayan reestructurado los turnos.

Todas las personas y organizaciones que conformamos la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social entendemos esta realidad y la imperante necesidad de las y los trabajadores de Coca-Cola y ESMASA de manifestar su democrático derecho a discrepar y protestar. Igualmente denunciamos los intentos de boicot por parte de las patronales y sus representantes políticos del Partido Popular que, desde el gobierno, tratan de censurar y eliminar el democrático y sano derecho a disentir y a protestar.

Por todo ello, seguiremos trabajando para que no falte nadie en la lucha por las libertades, los derechos humanos y la democracia, unificando las luchas bajo un mismo ideal que, a pesar de las diferencias, es el común denominador de la inmensa mayoría de este país.

 “Ni un paso atrás en la lucha por las libertades. Paremos la criminalización de la protesta social”.

APOYEMOS LAS MARCHAS POR LA DIGNIDAD DEL 22-M

ImagenDesde la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social  expresamos nuestro apoyo a la convocatoria de las Marchas por la Dignidad que llegarán a Madrid el 22 de marzo.

Estas marchas se producen cuando se recortan los derechos sociales más básicos y elementales para el desarrollo humano y se criminalizan los movimientos sociales, sindicales y políticos que se oponen a las recetas salvajes que impone el capitalismo. Vivimos en un contexto en el que se niega el derecho al trabajo a 6 millones de parados (junto con los desesperados que han dejado de buscar empleo porque saben que no lo encontrarán y que no figuran en las estadísticas del SEPE), donde se precariza y abarata el poco empleo existente, donde se niega el derecho a la vivienda con cientos de desahucios al día, donde se aprueba una ley de aborto que niega tal derecho inviolable para la mujer y que retrotrae a la regulación franquista, y un largo etcétera de recortes.

L@s parad@s se niegan a aceptar pasivamente el insulto de un gobierno que busca supuestos fraudes a las míseras prestaciones por desempleo –más de un 40% de los parados ya no percibe prestación alguna-, a convertirse en un ejercito de reserva usado por los empresarios para reducir los menguados salarios de quienes aún tienen empleo y a convertirse en sombras en la ciudad que ocultan su realidad en los parques públicos o rumian su pesar en sus casas.

L@s parad@s exigen respeto a su situación, trato decente y soluciones a su falta de futuro y expectativas de vida porque ni lo son por su causa ni son una carga para nadie, pues su menguado consumo aún permite que el desastre generado por una crisis que no provocaron ellos evita que caiga más el PIB de un país brutalmente desigual.

6 millones de personas a las que se ha negado el derecho a la esperanza no pueden dar otra respuesta a su condición que la conversión de su rabia en movilización, avisando, junto a millones de trabajadores precarios, de que la paciencia hace tiempo que se agotó y de que la mecha puede prender y expandirse en cualquier momento si se sigue pisando el callo a quienes ya no tienen ni suelas en sus zapatos.

Es un acierto la vocación de masividad y el espíritu de unidad de las marchas puesto que es la mayoría social, la clase trabajadora y las capas populares, la castigada con las medidas que imponen la troika y aplica  obedientemente el gobierno capataz del PP al servicio del capital, cuyos únicos intereses representa.

Desde esta Coordinadora nos venimos movilizando en defensa de los derechos de manifestación, reunión, expresión y opinión puesto que la futura reforma del Código Penal y de la Ley Seguridad Ciudadana buscan transformar el Estado garante de las libertades en un Estado autoritario de derecho en el que se criminalice cualquier forma de protesta social contra las políticas que protegen los intereses de las grandes empresas y fortunas que son los que mandan en este país.

La amenaza, disimulada en unos casos, manifiesta en otros, lanzada como globo sonda hace unas semanas, de reforma y recorte del derecho de huelga, no es sino otra reacción de miedo más del gobierno del capital frente a una movilización social que progresivamente va decantándose en términos de clase.

Por todo ello, llamamos a movilizarnos, a participar y a acudir a las marchas por la dignidad que llegarán a Madrid el 22 de marzo, porque

RECORTES DE DERECHOS Y RECORTES DE LIBERTADES SON DOS CARAS DE LA MIUSMA MONEDA

LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES SE DEFIENDEN EJERCIÉNDOLOS

CONSTITUIDA LA COORDINADORA PAREMOS LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

ImagenLas organizaciones que organizamos el acto del pasado 18 de Octubre “Paremos la criminalización de la protesta social por el Código Penal”, junto con nuevos grupos que se han incorporado recientemente, nos hemos constituido en “Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social”.

Conscientes de la amenaza que el Gobierno del PP representa para las libertades democráticas y las garantías jurídicas de la persona, hemos decidido  unificar nuestros esfuerzos contra la penalización de las movilizaciones de la clase trabajadora frente a las políticas antisociales del Gobierno.

Recortes de derechos sociales y recortes de libertades son dos caras de la misma moneda porque los segundos están pensados para disuadir de que se manifieste en las calles el rechazo rotundo a unas políticas de austeridad que recaen ante todo sobre las espaldas de l@s trabajador@s y reprimirlo cuando, a pesar de todas las amenazas, se produce la movilización.

La Reforma del Código Penal, que está a punto de aprobarse parlamentariamente va a ser el mayor golpe recibido en todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la transición contra los derechos de manifestación, reunión, expresión y opinión y es contrario a la Legislación Internacional en materia de libertades y derechos humanos.

Esta Coordinadora continuará su movilización contra dichos recortes de libertades y contra la penalización del derecho elemental a la protesta social que supone el Código Penal, más allá de su aprobación parlamentaria, recurriendo para ello a apelar a los tribunales nacionales e Internacionales que considere competentes en la materia y a las formas de manifestación pública a las que tienen derecho los ciudadanos de cualquier Estado democrático. Pero somos conscientes de que el Código Penal no será el único atentado legal contra las libertades y derechos humanos que cometerá en el futuro el Gobierno del Partido Popular, ya que otras medidas anteriormente tomadas en esa dirección confirman su trayectoria liberticida y represora.

Por este motivo, nuestra tarea en defensa del derecho a la protesta social va a continuar tras la puesta en vigencia del nuevo Código Penal reformado y actuará mediante la denuncia y la movilización en defensa del mencionado derecho. Como primera iniciativa nos encontraremos esta semana que viene con los grupos parlamentarios de la oposición con el fin de darles a conocer nuestra posición respecto a los artículos del Código Penal que criminalizan la protesta social.

El miércoles 6 de Noviembre a las 19:30 horas (7 y media de la tarde)  en la calle San Bernardo, frente al Ministerio de Justicia, realizaremos una concentración a las que estamos invitando a otros grupos, coordinadoras y plataformas para  sacar a la calle la protesta contra el liberticidio que suponen dichos artículos contra los derechos de manifestación, reunión, expresión y opinión.  Nos hubiera gustado plantearlo a otros colectivos de forma previa al llamamiento pero la premura de tiempo (el Código Penal está ya en el Congreso de los Diputados) y la necesidad de avisar a la Delegación del Gobierno con los 10 días preceptivos a la convocatoria del acto nos han obligado a asumir nosotros la iniciativa de realizarla.

Integran la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social las siguientes organizaciones, además de las que se irán incorporando con posterioridad:

Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD), Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Foro de Abogados de Izquierdas, Intersindical Madrid, Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), Izquierda Unida, Izquierda Abierta, Partido Comunista de España (PCE), Iniciativa de Clase, Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM), Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), Asociación Cultural Loqsomos (Lqsomos), Partido Socialista de Madrid (PSM), ADAE, Sindicato de Justicia de UGT, Unión de Estudiantes Progresistas -Estudiantes de Izquierdas (Uep-ei), ATTAC, UJCE, Amigos y Familiares de José Couso

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